El Tribunal Constitucional tiene muy difícil cumplir una de las exigencias que el Partido Popular le ha hecho con más insistencia durante toda la legislatura: que se pronuncie sobre el Estatuto catalán antes de las próximas elecciones generales, que se celebrarán el próximo 9 de marzo. Antes tendrá que pronunciarse sobre la Ley de Igualdad y las previsibles demandas de ilegalización de candidaturas de la izquierda abertzale.
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