En su recurso el Ejecutivo advertía de que ‘una Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña no puede entrar a regular el uso de las lenguas cooficiales en la Administración General del Estado en la instrucción de sus procedimientos administrativos’, y recordaba que ‘la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucional ese carácter preferente de la utilización de la lengua cooficial’.
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