La observación implica advertencia de ilegalidad y, de no acatarla, el Ejecutivo se exponía a que el CJC declarara la "no conformidad" con la ley. El Consell ha copiado literalmente la redacción propuesta por el CJC, en la que se avala la posibilidad de fijar excepciones a la citada prohibición general pero éstas "en ningún caso" podrán implicar "un aumento del aprovechamiento lucrativo para particulares". Esto es, un "pelotazo" urbanístico. Relacionada
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