El Consejo de Estado acepta que los gobiernos autónomos deban determinar en una "proporción razonable" el uso de su lengua propia y del castellano con el objetivo de "garantizar el conocimiento de las mismas", pero rechaza que para garantizar que un alumno pueda, si quiere, tener clases preferentemente en castellano, la comunidad deba pagarle si es necesario un colegio privado, como dice el polémico proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad de la educacion (Lomce) impulsado por el ministro José Ignacio Wert.
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