Mucho ha llovido desde que en marzo de 2011 las principales organizaciones sindicales del país comenzaran su movilización para conseguir el apoyo ciudadano en contra de una norma que consideraban "inútil y perjudicial". Sin embargo, la convocatoria de las elecciones generales concluyó de forma precipitada la legislatura, retrasando así en más de año y medio el debate parlamentario de esta propuesta.
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