Por esa muerte, debida a lo que se puede entender como neglicencia, el Servicio Madrileño de Salud, es decir, el Gobierno regional ha sido condenado a pagar la máxima indemnización posible: 125.000 euros a la viuda y a los 4 hijos del fallecido. Trabajadores de la UCI del Hospital 12 de Octubre denunciaron durante años problemas con un brote infeccioso sin que la dirección tomara medidas.
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