Tres años de batalla judicial. Ése el tiempo que ha invertido un vecino de Oviedo hasta lograr que los tribunales anulasen los contratos que su madre suscribió con una entidad bancaria para la compra de 60 bonos, por los que pagó mil euros cada uno, que le ofertaron como un producto garantizado y que ella pensaba que emitía el propio banco. Sin embargo, a su vencimiento no fue devuelto el capital invertido al resultar su emisor un banco de nacionalidad islandesa que resultó nacionalizado e intervenido.
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