El Gobierno regional da un plazo de dos años a los ayuntamientos implicados en la Cañada Real -Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada- para solucionar los problemas sociales y urbanísticos de la vía pecuaria. Si transcurrido ese plazo la situación persiste, la Comunidad dispondrá libremente del suelo.Así lo establece el dictamen sobre el proyecto de Ley de la Cañada Real Galiana aprobado esta mañana por la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Asamblea de Madrid.
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