Un informe jurídico de la Consejería de Presidencia avala una práctica que alcaldes de toda España prohíben o limitan. La ley que regula los ayuntamientos no recoge este supuesto, pero el Tribunal Constitucional, el Supremo y otros autonómicos lo refrendan. Un informe jurídico de la Comunidad de Madrid da la razón a aquellos vecinos que durante el último año y medio han intentado ejercer en los plenos de sus ayuntamientos el derecho a la información amparado por la Constitución (artículos 20 y 21).
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