La ley perjudica a los ciudadanos al convertir en ilícitos, prácticamente, todos los actos de copia privada. El nuevo modelo que pretende el Gobierno supone que los ciudadanos se ven injustamente obligados a indemnizar un daño que ellos no causan. Este sistema se convierte en el más restrictivo y contrario a los intereses de los ciudadanos que existe en cualquier estado de la Unión Europea. Las entidades de gestión denunciamos que Cultura propone una reforma sin contar con los titulares de los derechos ni con los ciudadanos.
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