El procedimiento parte de una denuncia presentada por movimientos sociales de recuperación de la memoria histórica y por tanto en nada tiene que ver con actuaciones de motu propio desde la Administración, que con Ley de Memoria o sin ella, y de manera reiterada y consciente a lo largo de 30 años, ha hecho dejación de sus responsabilidades sin aplicar los criterios de la legislación internacional sobre derechos humanos que obliga a ofrecer Verdad, Reparación y Justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
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