El consejo de la CNC considera acreditada la existencia de diversos acuerdos anticompetitivos alcanzados por las empresas imputadas que habrían mantenido su vigencia desde 1998 hasta, al menos, abril de 2011 y habrían afectado a más de 900 obras en el ámbito geográfico de la comunidad autónoma. En concreto, se trataba de un cártel de reparto de mercado muy elaborado, entre un grupo de empresas denominadas colectivamente G5 (SENOR, Arruti, Emilio Bolado y Acansa, Asfin y Ascan), en el que, al menos desde 2006 a 2010, se acordaba el reparto.
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