La experiencia de ceder la gestión de suelo público a cooperativas o promotoras privadas durante un largo periodo a cambio de que construyan viviendas asequibles, como el Ministerio de Fomento pretende llevar a cabo, no es una fórmula novedosa, aunque normalmente la batuta la han llevado comunidades autónomas y ayuntamientos, y esta vez es el gobierno central.
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