1) ¿Cómo es posible que un agente de la Guardia Civil, representante de la ley y del Estado, reparta multas ilegales? 2) ¿Cómo es posible que -una vez se haya reconocido el error por parte de la DGT- los ciudadanos afectados se tengan que enterar por casualidad de dicho error? 3) ¿Cómo puede uno confiar en un Estado cuyos representantes engañan a los ciudadanos?
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