El escándalo surgido en torno al nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, ha venido a poner de manifiesto una de las mayores lacras de nuestra sedicente democracia, cual es la ocupación por ex altos cargos y militantes del partido del Gobierno de los puestos de dirección de organismos reguladores e instituciones del Estado teóricamente encargados de fiscalizar la labor del Ejecutivo, lacra responsable en gran medida de la muy pobre calidad de nuestra democracia.
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