Gracias a un juez de Barcelona el Tribunal de Justicia europeo irrumpió esta semana en el drama inmobiliario español y dictaminó, de manera preliminar, que el proceso de ejecución hipotecaria es incompatible con la normativa europea sobre protección al consumidor. ¿Qué había hecho Bruselas hasta ahora ante esa aparente incompatibilidad? ¿Y qué se hace en otros países europeos para mitigar el impacto de social de unas ejecuciones que pueden acabar en desahucios?
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