Las Administraciones Públicas manejan grandes volúmenes de datos que, en una buena parte, son resultado de estudios en los que se ha utilizado financiación procedente de las arcas públicas. Con el objetivo de reutilizar la información existente y ponerla a disposición de los ciudadanos, nace el movimiento Open Data que insta a los poderes públicos a compartir (en formatos que permitan su tratamiento) la información de carácter público (recopilada, por cierto, con dinero público) para evitar duplicidades, fomentar la transparencia y permitir que
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