La jueza electoral María Romilda Servini de Cubría tomó medidas drásticas para terminar con el ausentismo de las autoridades de mesa: acaba de procesar a 20 personas que habían sido designadas para trabajar en las últimas elecciones presidenciales y no se presentaron. Ellos y los otros 716 investigados en estas causas podrían recibir severas condenas. El Código Nacional Electoral prevé una pena de prisión de seis meses a dos años para quienes no justifiquen su inasistencia.
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