Las comercializadoras solicitan al Gobierno eliminar la tarifa regulada y el actual sistema del PVPC -el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor- que entrará en vigor el próximo mes de enero y que afecta a unos 8 millones de contratos, alrededor del 34% de todos los consumidores domésticos. Otros 10 millones están ya en el mercado libre.
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