La presión psicológica es clave para lograr el recobro: llamadas a familiares, vecinos, al trabajo... Para localizar a los deudores algunas de estas empresas consultan un archivo con datos de 36 millones de personas que viola la Ley de Protección de Datos. Las amenazas, el miedo, se acompañan de un acoso sin tregua: el deudor recibe un bombardeo de llamadas, cartas y SMS reclamando el pago de la deuda (en algunos casos también se hacen visitas en persona).
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