Los tres mandos militares de la Inspección General de Sanidad de la Defensa procesados por cobrar comisiones de hasta el 50% a las empresas a las que les adjudicaban servicios de limpieza, formación y administración del hospital Gómez Ulla llevaban un tren de vida de comodidades y caprichos al que difícilmente se podían haber subido con su sueldo normal.
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