Los centros acreditados para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) del País Valencià "se ven obligados" a cesar su actividad a partir del lunes 24 de septiembre. Según la Asociación de Clínicas Acreditas (ACAI), la culpa la tienen los impagos de la Consejería de Sanidad, que ascienden ya a casi 600.000 euros. A consecuencia de esta deuda, "los trabajadores de los centros llevan cuatro meses sin cobrar y hasta seis, en el caso de algunos proveedores".
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