Primero con su hipoteca, después con la renuncia obligada a servicios públicos y en tercer lugar con sus impuestos. La otra alternativa, dejar caer a las entidades intoxicadas, como hicieron Estados Unidos e Islandia, se descarta en la UE. Los activos tóxicos son simples ‘pelotazos’ urbanísticos fallidos, por los que han quebrado múltiples empresas, menos las bancarias
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