Cuando existe una actuación urbanística tan escandalosa como esta, que acaba siendo declarada ilegal por las autoridades judiciales, alguien debería responder por los perjuicios que se causan no solo a esos compradores, sino también al medio ambiente. Como propuesta se me ocurre, ¿que tal si los resposables políticos que otorgaron las licencias y permisos correspondientes respondieran con su patrimonio personal?. ¿Imposible?
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