Bruselas no sólo ha declarado ilegal el enrevesado esquema fiscal que facilitó carga de trabajo al sector naval en los últimos años sino que ha obligado a devolver 2.800 millones en ayudas. El sector recalca que desde la resolución europea de septiembre de 2011 no ha entrado un solo pedido en los astilleros españoles y que peligran 87.000 puestos de trabajo.
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