Cinco comunidades autónomas pueden tener precios distintos de la electricidad para sus ciudadanos. Se trata de Galicia, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y previsiblemente Castilla y León, que tienen encima de la mesa o aprobados impuestos sobre la actividad eléctrica que en un futuro próximo pueden repercutirse a los consumidores. La única condición que exige el regulador energético es que este suplemento se desglose en la facturación al usuario, por motivos de transparencia, tal y como impone la Ley de Sector Eléctrico.
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