Las últimas sentencias reconocen que el negocio de Afinsa y Fórum era mercantil y, por lo tanto, legal. Transcurridos más de cinco años desde el cierre e intervención de las filatélicas, da la impresión de que los poderes públicos, con el judicial a la cabeza, han conseguido diluir en la memoria las voces de los perjudicados.
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