La aplicación del nuevo copago para dependientes y personas con discapacidad en prestaciones públicas como centros de día o talleres ocupacionales ha provocado un estallido de indignación entre los afectados, además de una gran confusión. Cientos de ellos se agolparon frente a la Consejería de Bienestar Social para presentar recursos de alzada en contra la iniciativa que consideran ilegal, opaca y que, en algunos casos, les obligará a pagar hasta un 90% del coste de la plaza.
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