Cerca de 250 personas, o lo que es lo mismo, una población superior a los habitantes de 78 municipios valencianos, se encuentran imputadas actualmente en casos de corrupción en la Comunidad Valenciana. Las presuntas corruptelas económicas, tributarias y urbanísticas han salpicado a instituciones municipales, provinciales y autonómicas y a sectores como el empresarial o el de los funcionarios públicos. No se han salvado ni las organizaciones no gubernamentales o la Casa Real.
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