Desde el Ejecutivo no dudan en señalar la “radicalización” de la patronal como un intento de acabar sin acuerdo el diálogo, y subrayan insistentemente el hecho de que mientras la CEOE pedía medidas que le supondrían al Estado más de 20.000 anuales en gasto, no sólo no se comprometían a defender puestos de trabajo sino que reclamaban la desregulación total del mercado de trabajo.
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