La patronal quiere reducir el papel de los jueces de lo Social en el análisis de las decisiones empresariales sobre la organización interna del trabajo, lo que, en su opinión, daría mayor flexibilidad al funcionamiento diario de las compañías. Y, con este fin, pretende cambios de calado en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que regula las relaciones entre la compañía y los empleados cuando se producen “modificaciones sustanciales” en las condiciones de trabajo.
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