Mientras recortan cada vez más el presupuesto de la sanidad, la educación y los servicios sociales, lo que supone desmantelar los programas de prevención con menores e intervención comunitaria con familias en riesgo de exclusión social (que cada vez son más a consecuencia de la crisis), el gobierno aumenta los recursos destinados al internamiento forzoso de menores. Incluso se abren nuevos centros a pesar de las dudas más que justificadas sobre su eficacia
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