El pasado 23 de enero el Parlamento catalán aprobó, por amplia mayoría (el 63% de los votos) una declaración para impulsar el ejercicio del derecho a decidir su futuro colectivo. Ante este objetivo, PP y PSOE responden, de momento, con una airada negativa. El PP y el PSOE pueden refugiarse en el “propongan ustedes cambiar la Constitución, aunque ya les aviso que no se la vamos a dejar cambiar”. O en explicar solo parte de la verdad situando esta reivindicación como una cortina de humo del Gobierno de CiU para disimular el fracaso de sus políti
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