La Generalitat Valenciana, gobernada por el PP y Vox, ha decidido eliminar la Oficina de Recuperación de Activos, un órgano desde el que se realizaba un seguimiento de los procedimientos judiciales que se investigan y suponen un perjuicio económico a la Generalitat. El objetivo de la Agencia era el seguimiento y promoción de la actuación de la Abogacía General de la Generalitat en determinados casos, así como la exigencia de la ejecución de las sentencias, cuando las actuaciones habían supuesto un perjuicio económico para la Generalitat.
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