El intento del Gobierno de lograr por la vía civil en EE UU compensaciones millonarias por los daños causados por el naufragio del Prestige en 2002 le está resultando caro. Desde que en mayo de 2004 presentó en un juzgado federal de Nueva York una demanda contra la entidad privada que certificó el buen estado del vetusto petrolero -la American Bureau of Shipping (ABS)- el Ejecutivo se ha gastado ya 21,6 millones de euros en abogados y peritos, una cantidad que podría rondar los 30 millones al concluir este año.
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