El Gobierno de Cantabria pretende evitar la ejecución de la mayor parte de las sentencias que ordenan el derribo de más de 500 viviendas, la mayoría construidas en la costa. La asociación ecologista Arca, impulsora de casi todas las denuncias contra las infracciones de los ayuntamientos, rechaza un plan ad hoc del Gobierno cántabro para legalizar las residencias ilegales, y pide la ejecución de los derribos y que los ayuntamientos responsables indemnicen a los afectados.
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