La indignación creada entre la población estadounidense y entre al menos una parte de su clase política por el cobro de 165 millones de dólares en primas por parte de los ejecutivos de la sección de derivados de la aseguradora AIG ha empezado a dar frutos. Ante la imposibilidad de romper el contrato firmado por estos ejecutivos, o ante las consecuencias que eso supondría, la Cámara de Representantes de EE UU ha aprobado hoy un impuesto del 90% sobre estas primas, de manera que el Estado pueda recuperar el dinero público.
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