Esta decisión judicial ha traído un poco de tranquilidad para cientos de agricultores que “viven bajo la amenaza del embargo y las reclamaciones”. La demanda de la entidad buscaba el cobro de cantidades a cada uno de los comuneros que cubrieran el crédito de 103 millones de euros concedidos para la desaladora. Un crédito que según la asociación de afectados presenta irregularidades en su concesión y gestión.
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