De las 18.000 viviendas que la empresa pública tendría que haber construido, sólo se han hecho 676. Y de los 400.000 euros empleados en cada una de ellas (valor del suelo aparte), sólo 70.000 de media corresponden al coste real de la construcción. Los otros 330.000 son exactamente el coste de la burocracia. El organigrama de la empresa lo dice todo: tiene cuatro puestos de alta dirección y todos están ocupados por alcaldes y concejales socialistas sin experiencia en el sector de la promoción inmobiliaria.
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