Corría el año 2002 cuando el gobierno de Aznar tenía en preparación una reforma fiscal de calado. En esta reforma, se modificó la Ley General Tributaria, la ley del impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades. Como es lógico, antes de la aprobación de estos textos legales en el año 2003 y 2004, el PSOE, partido de la oposición en aquel momento, encargó diferentes estudios a economistas y universidades para evaluar cómo deberían reformarse los impuestos directos, el IRPF fundamentalmente y el mapa tributario.
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