La norma europea se aprobó hace tres años y, desde entonces, ni el anterior Gobierno ni el actual han llevado al Parlamento la transposición para su aprobación, lo que ha llevado a Bruselas a abrir un procedimiento formal de infracción. Otros seis países (Bulgaria, Grecia, Rumanía, Chipre, Portugal y Eslovenia) están en la misma situación.
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