Los 28 Estados siguen la doctrina la Comisión, que considera ilegales los arbitrajes en tratados bilaterales entre países o inversores de la UE. El Ejecutivo comunitario sostiene que "los tribunales nacionales están obligados a anular cualquier laudo arbitral emitido sobre esta base y a renunciar a aplicarlo". En el caso de España, supone la anulación de los laudos emitidos contra el país por estos tribunales de arbitraje por el recorte de la retribución a las energías renovables, que reclaman 7.600 millones.
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