Los cargos que se negaron a avalar irregularidades dimitieron o fueron apartados, la trama saqueó dinero contra el trabajo infantil y centrifugó las subvenciones en pocos días.Dos directoras generales, un jefe de área, dos jefas de servicio y un secretario de la comisión evaluadora de la Consejería de Inmigración y Ciudadanía —más tarde rebautizada como Solidaridad y Ciudadanía— cuyo titular era Rafael Blasco dimitieron o fueron apartados de sus puestos por negarse a avalar los expedientes irregulares que permitieron el saqueo de las ayudas.
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