¿Puede un juez no respetar la voluntad de un paciente de treinta años, que no está incapacitado, a rechazar un tratamiento de electroshock? La respuesta es sí, y así lo está viviendo una familia de Arzúa que lleva más de un mes luchando porque le permitan trasladar de hospital a su hijo y que no le apliquen una terapia que consideran “una barbaridad”.
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