El Gobierno ha dicho basta y quiere que todas las entidades asuman las pérdidas que deban asumir, y reciban el dinero público que deban recibir, antes de verano. Para conseguirlo, les obligará a rebajar un 50% la valoración de sus activos, a cerrar fusiones contrarreloj e, incluso, estudia obligarles a tener que elevar sus ratios de solvencia todavía más.
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