Frente al modelo andaluz de expropiación temporal de pisos vacíos a los bancos, el Principado se decanta por una fórmula de diálogo con las entidades financieras para intentar encontrar soluciones al drama de los desahucios. Ambas partes negocian un convenio en virtud del cual la banca pondrá a disposición del Ejecutivo regional una bolsa de viviendas que en este momento se encuentran desocupadas para alojar a familias que se han quedado en la calle víctimas de una ejecución hipotecaria, a cambio de un alquiler social.
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