El Banco de España recibía cada año desde 2007 varios escritos de un abogado murciano, Diego de Ramón Hernández, que advertían sobre aspectos como el excesivo riesgo inmobiliario de la Caja del Mediterráneo (CAM), el hecho de que siguiera dando créditos a promotores después de estallar la crisis, la falta de transparencia de la entidad o los créditos blandos que se habían otorgado los consejeros.
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