El Gobierno ha decidido abandonar a su suerte a las concesionarias y dejar que los procesos concursales culminen en la desembocadura natural de una liquidación forzada por deudas que se estiman en 3.700 millones de euros...El Estado asumirá, como mucho, unos 1.500 millones de euros después de restar a sus obligaciones de pago los 1.200 millones de las expropiaciones más otros 2.200 aportados estos últimos años.
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