Entre 2003 y 2005 el Código Penal incluyó un delito, específico para la convocatoria ilegal de referendos, castigado con prisión. Lo incorporó en la máxima ley penal el Gobierno de José María Aznar en noviembre de 2003, después de que el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, anunciase su plan soberanista. Zapatero derogó ese artículo del Código Penal en 2005.
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