Los ediles han dado el pistoletazo de salida a una nueva treta recaudatoria. Amenazan con ralentizar los trámites burocráticos urbanísticos de las filiales de bancos y cajas –los que tienen más suelo hoy en día– y, en menor medida, de los promotores, si éstos no aceptan pagar a los ayuntamientos el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la tasa por prestación de servicios urbanísticos en los Planes Parciales y en los proyectos de urbanización derivados de la ejecución de dichos Planes.
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